La Fiscalía de Gipuzkoa pide 22 años de cárcel para cada uno de los dos acusados de la muerte de Lukas Agirre, el joven que falleció tras ser apuñalado en Donostia la mañana del día de Navidad de 2022, a uno de los cuales imputa como autor de un delito de asesinato y al segundo como cooperador necesario.
En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público también señala como encubridora a una mujer que acompañaba a los dos varones, para la que solicita tres años de prisión.
Asimismo, demanda que los dos acusados principales indemnicen conjunta y solidariamente a los padres y a los dos hermanos de Lukas Aguirre con distintas cantidades que en conjunto suman 280.000 euros.
Esta petición de condena se suma a la que formularon la semana pasada los allegados del fallecido (la madre y sus dos hermanos por una parte y el padre por otra) quienes, a través de sus respectivas acusaciones particulares, reclamaron 25 años de prisión para cada uno de los dos hombres y dos años para la mujer.
Navidad de 2022
Según recoge el texto de la Fiscalía, los hechos se remontan a la madrugada del día de Navidad de 2022, cuando la víctima se encontraba en compañía de unos amigos en una céntrica discoteca de Donostia en la que también se hallaban los tres acusados.
Tras el cierre de la sala de fiestas, sobre las 6.00 horas, los dos grupos coincidieron en la salida, donde se produjo un "encontronazo" entre ambos grupos, tras el que el segundo acusado presuntamente introdujo una navaja en el bolsillo del pantalón del supuesto autor material del crimen.
Después de unos instantes en los que los implicados "intentaron rebajar la tensión generada" y "reconciliarse", se dirigieron hacia el otro lado de la Plaza Okendo en la que se encontraban.
Sin embargo, en este punto "retornó el clima de hostilidad, produciéndose un nuevo enfrentamiento" en el que llegó a producirse una agresión entre "varios" amigos de Lukas Agirre y el segundo acusado.
Ataque imprevisible, fulgurante y repentino
El texto del Ministerio Público detalla que en ese instante, de forma "totalmente imprevisible, fulgurante y repentina", el supuesto autor material del crimen presuntamente clavó la navaja a Agirre en el costado izquierdo y en el cuello, "suprimiendo toda posibilidad de reacciones o defensa" por parte de la víctima.
"En todo momento actuó con la intención de acabar con la vida del perjudicado, de forma totalmente gratuita y sin que previamente se hubiera producido un desencuentro entre ambos", señala el escrito.
El Ministerio Público opina además que cuando el segundo acusado entregó la navaja al presunto autor material lo hizo "siendo plenamente conocedor" de sus intenciones y "asumiendo el peligro que su uso podía implicar para la vida y la integridad de las personas".
A consecuencia del ataque, la víctima sufrió distintas lesiones que afectaron a sus "estructuras cardiovasculares y pulmonares" con una "hemorragia incoercible" que le causó la muerte desangrado por un shock hipovolémico.
Tras el apuñalamiento, el presunto autor material y la mujer encausada se dirigieron a un lateral de la plaza Okendo, donde esperaron al otro acusado para huir luego del lugar.
Frustrar la investigación
En este contexto, la Fiscalía considera que la mujer "obró en todo momento impulsada por la intención de frustrar la futura investigación" de los hechos de los que ella era "consciente" y con la finalidad de que los dos varones "eludiesen sus responsabilidades penales" para lo que "colaboró con ellos".
De esta manera, presuntamente "ocultó" el hecho de que los dos hombres "habrían intercambiado sus zapatillas con la intención de dificultar la investigación" y también que "se habrían desecho de la navaja" tirándola a un contenedor.
El juicio por este crimen será enjuiciado por un tribunal del jurado, aunque todavía no hay fecha para la celebración de la vista oral, después de que recientemente la familia de Lukas Agirre denunciara encontrarse en una situación de "evidente vulneración" de su derecho a "un proceso con todas las garantías" al no habérsele dado traslado íntegro de la causa a través de la aplicación informática Avantius por medio de la que se llevan a cabo todos los trámites judiciales de forma oficial.
En concreto, el texto de la acusación que formulan la madre y los hermanos de Agirre constata la "ausencia de cincuenta vídeos" en la causa, que contienen "grabaciones de declaraciones judiciales y actuaciones procesales".
Por su parte, la defensa del presunto autor material del crimen ha pedido la nulidad parcial de la causa por "vulneración de garantías procesales y derechos fundamentales" y ha reclamado la puesta en libertad provisional de su cliente.
